El Anteproyecto de Ley 206 propone que una familia no quede excluida de los programas habitacionales del Estado únicamente por carecer de un título de propiedad inscrito. Presentado el 13 de octubre de 2026 por el diputado Francisco Javier Brea Tristán, busca incorporar un artículo 2-A a la Ley 61 de 2009, que reorganiza el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

La propuesta comprende vivienda de interés social, asistencia habitacional, rehabilitación, reconstrucción y reubicación ejecutadas por el Miviot. La ausencia del título no impediría, por sí sola, evaluar a una persona o familia y determinar si puede ser beneficiaria. Los demás requisitos de elegibilidad continuarían siendo aplicables.

Para acreditar la ocupación o residencia habitual, el articulado contempla certificaciones expedidas por el juez comunitario. El cambio permitiría separar dos asuntos jurídicamente distintos: la necesidad de recibir asistencia habitacional y la titularidad registral del inmueble. Una certificación de residencia no equivaldría a un título de dominio.

El texto también aborda las viviendas dañadas o destruidas dentro de áreas protegidas durante una emergencia declarada por desastre natural. Esa ubicación tampoco bastaría, por sí sola, para negar la evaluación o una solución habitacional. El Miviot tendría que coordinar con el Ministerio de Ambiente la alternativa procedente, incluida la reubicación en un sitio apto cuando la reconstrucción no resulte viable.

La iniciativa establece expresamente que esta disposición no otorga derechos de propiedad o posesión ni afecta derechos de terceros. También mantiene obligaciones sobre prevención de la contaminación, protección de recursos naturales, residuos y seguridad de las edificaciones, con la salvedad prevista en el texto para otras obligaciones ambientales incompatibles con la ejecución de estas soluciones.

En su exposición de motivos, Brea vincula la propuesta con las dificultades que enfrentan hogares rurales y familias afectadas por los sismos de octubre. El planteamiento busca evitar que una situación registral sin formalizar se convierta automáticamente en una barrera para examinar la necesidad habitacional.

Para abogados, autoridades y organizaciones que acompañan a estas familias, el punto central sería documentar la residencia, verificar la elegibilidad y determinar una solución jurídica y técnicamente viable, sin confundir asistencia con regularización de tierras.

La ficha legislativa remite el anteproyecto a la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal y lo identifica pendiente de prohijar. Todavía no es una ley vigente. De aprobarse en sus términos, prevé reglamentación en treinta días y entrada en vigor al día siguiente de su promulgación.