La Alcaldía de Arraiján publicó dos decretos que regulan el uso de Cerro Cabra y la protección de sus recursos hídricos. Los Decretos Alcaldicios N° 012-2026 y N° 013-2026, ambos del 29 de septiembre de 2026, aparecen en la Gaceta Oficial N° 30637 C del 19 de octubre de 2026. Sus disposiciones interesan a visitantes, residentes colindantes y promotores de actividades dentro del área regulada.

El primero crea formalmente el Parque Municipal Cerro Cabra y adopta un manual de uso y cuidado; el segundo establece la Reserva Hídrica Protegida Municipal y un manual orientado a preservar fuentes de agua y zonas de recarga. Ambos describen un ámbito de 468 hectáreas. No se trata de la primera protección del cerro: los considerandos remiten al Acuerdo N° 24 del 5 de abril de 2012, que ya lo declaraba área protegida.

La zonificación distingue espacios de protección restringida, sectores para uso público controlado y una franja de amortiguamiento frente a la expansión urbana. El régimen hídrico reserva las zonas de mayor protección para regeneración, restauración e investigación autorizada, sin acceso del público general. En las áreas habilitadas admite senderismo de bajo impacto, observación de aves y educación ambiental, mediante puntos oficiales de acceso y conforme a las condiciones previstas.

Las prohibiciones tienen consecuencias para actividades inmobiliarias y extractivas. El Decreto Alcaldicio N° 013-2026 impide nuevas viviendas, infraestructura comercial e invasiones dentro del ámbito regulado, así como exploración o extracción de materiales de cantera, desvíos de cauces y pozos ilegales. También prohíbe prácticas que amenacen las fuentes de agua, incluidos vertidos de aguas residuales sin tratar. El turismo permitido no constituye una autorización general para construir instalaciones comerciales.

Los textos contemplan multas administrativas según la gravedad de la infracción. El régimen incluye sanciones de B/.100 a B/.500 para faltas leves y de hasta B/.100.000 para las muy graves, además de otras medidas previstas, como demolición de estructuras ilegales y remisión al Ministerio Público. Asimismo, disponen herramientas de vigilancia ambiental y participación comunitaria; su inclusión normativa no demuestra que todos esos mecanismos estén ya operativos.

Para evaluar terrenos o proyectos colindantes, resulta necesario contrastar su ubicación con los límites y la zonificación aplicables antes de asumir qué actividad puede desarrollarse. Ambos decretos señalan vigencia desde su expedición, distinta de la fecha de publicación. La regulación ofrece reglas de uso y protección, pero no acredita permisos individuales ni sustituye la revisión de las autorizaciones que corresponda obtener.

Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai