El Pleno de la Corte Suprema de Justicia aprobó el 30 de septiembre de 2026, mediante el Acuerdo N° 584, la nueva Política Institucional de Acceso a la Justicia y Género del Órgano Judicial, publicada en la Gaceta Oficial N° 30643-B del 27 de octubre de 2026. El acuerdo sustituye, tras diecisiete años de vigencia, la política aprobada el 15 de octubre de 2009 mediante el Acuerdo N° 626.

Según los considerandos, la actualización partió de un diagnóstico que identificó varios retos: ampliar las poblaciones protegidas por edad, etnia, discapacidad, movilidad humana o condición económica; incorporar la interseccionalidad; atender las recomendaciones de órganos internacionales de derechos humanos; y abordar los desafíos de la tecnología y la inteligencia artificial. El texto se elaboró con apoyo técnico de la Fundación Justicia y Género y el auspicio de la Unión Europea.

La política se organiza en imperativos estratégicos. El tercero institucionaliza la justicia abierta y prevé publicar en el portal institucional conjuntos de datos administrativos y jurisdiccionales desagregados por sexo, edad, etnia y discapacidad, con anonimización y protección de datos personales. El cuarto plantea crear un digesto de jurisprudencia con perspectiva de género, promover resoluciones en lenguaje accesible y etiquetar el presupuesto del Órgano Judicial con acciones vinculadas a la política. El quinto incluye el desarrollo de servicios digitales y expedientes electrónicos, así como servicios judiciales itinerantes para zonas de difícil acceso.

Para abogados litigantes, firmas y departamentos legales de empresas, la apertura de datos jurisdiccionales y un digesto de jurisprudencia podrían facilitar el análisis de tendencias judiciales y la preparación de casos. Para proveedores de tecnología, las líneas sobre expediente electrónico y datos abiertos podrían anticipar futuras contrataciones, aunque el acuerdo no fija montos, plazos ni procesos de compra.

Se trata de un instrumento de orientación institucional, no de una norma con obligaciones exigibles a particulares. El artículo 2 de la política insta a los servidores judiciales a adoptarla y el artículo 3 ordena su difusión entre funcionarios y usuarios, mientras que el punto segundo del acuerdo dispone que rige desde su aprobación. Su efecto práctico dependerá de los planes de implementación, del presupuesto asignado y de los indicadores que el Órgano Judicial adopte. Nexo Capital dará seguimiento a la publicación de los primeros conjuntos de datos abiertos y del digesto anunciado.

Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai