La Corte extiende la prima de antigüedad a ministros, directores y otros altos cargos
El fallo del Pleno anula nueve de los diez supuestos de exclusión de la Ley 241 de 2021; la Corte rechazó después aclarar desde cuándo se debe pagar.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales, en sentencia de 21 de julio de 2026, los numerales 1 a 8 y 10 del artículo 1 de la Ley 241 de 13 de octubre de 2021. Esa norma modificó el artículo 29 de la Ley 23 de 2017 para excluir a determinados cargos del derecho a la prima de antigüedad. La decisión, con ponencia del magistrado Olmedo Arrocha Osorio, quedó ejecutoriada el 14 de agosto de 2026. El 17 de septiembre de 2026, el Pleno rechazó de plano una solicitud de aclaración sobre sus efectos en el tiempo.
Los numerales anulados dejaban fuera de la prima, entre otros, a los servidores de elección popular, los ministros y viceministros, los directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas, los gerentes de sociedades con mayoría accionaria estatal, los secretarios generales y los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Solo sobrevive el numeral 9, que excluye al personal nombrado por consultoría.
La demanda atacaba únicamente los numerales 7, 8 y 10, pero la Corte, con base en el principio de universalidad del artículo 2566 del Código Judicial, extendió el examen a toda la lista. Concluyó que la prima de antigüedad es un derecho adquirido de protección salarial, calculado a razón de una semana de salario por cada año laborado, y que excluir a un grupo de servidores por el cargo que ocupan lesiona los artículos 4, 17, 19, 20 y 64 de la Constitución.
Para las finanzas públicas, el efecto previsible es un universo más amplio de beneficiarios, incluidos altos cargos con salarios elevados. La Ley 241 asigna el pago a la última entidad en la que laboró el servidor, con base en el último salario devengado, de modo que el impacto fiscal dependerá del número de casos y de cómo cada entidad aplique el fallo.
Queda abierta una incógnita: desde cuándo se paga. La solicitante de la aclaración pidió precisar si el pago se computa desde 1994, 2013, 2014 o 2017, y sostuvo que la Sala Tercera ha fijado el 1 de enero de 2014 en varios fallos. El Pleno respondió que el artículo 999 del Código Judicial no permite usar la aclaración para ese fin y no se pronunció sobre la retroactividad. Esa definición podría quedar en manos de las entidades pagadoras y de futuras reclamaciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Nexo Capital dará seguimiento a la publicación del fallo en la Gaceta Oficial y a su aplicación por las entidades del Estado.
Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai
Fuentes
- Fallo de la Corte Suprema de Justicia, Pleno, entrada 149867-2025, que declara inconstitucionales los numerales 1 a 8 y 10 del artículo 1 de la Ley 241 de 2021 (21/07/2026)
- Resolución de la Corte Suprema de Justicia, Pleno, que rechaza de plano la solicitud de aclaración, entrada 149867-2025 (17/09/2026)