Panamá aprueba contratar por US$4.3 millones su defensa en el arbitraje que promovió Panama Ports
La resolución del Consejo de Gabinete autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a contratar sin licitación a la firma Hogan Lovells; aprueba la contratación, pero no acredita que el contrato ya esté firmado ni pagado.

El Consejo de Gabinete aprobó el 29 de septiembre de 2026 la Resolución de Gabinete N° 107-A, publicada en la Gaceta Oficial N° 30653-B del 16 de noviembre de 2026. La norma aprueba, mediante procedimiento excepcional, la contratación entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la firma Hogan Lovells Cadwalader US LLP, antes Hogan Lovells US LLP, como apoderada externa de la República en el arbitraje que Panama Ports Company, S.A. promovió ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), registrado como Caso CCI 30133/ICA9.
Su artículo 1 fija un monto total de US$4,300,000. Según los considerandos, esa cifra es el máximo de honorarios y no incluye los gastos del proceso, que el MEF deberá reembolsar si la firma los cubre. El ministerio certificó disponibilidad para 2026 en la partida G.001610110.121.171 y prevé incluir las partidas de los años siguientes conforme a las normas para contratos multianuales. La excepción se apoya en el numeral 1 del artículo 79 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que la permite cuando no hay más de un oferente o cuando, según informe técnico fundado, no existe sustituto adecuado. El artículo 83 de esa ley reserva al Consejo de Gabinete las contrataciones excepcionales de más de B/.3,000,000.
Ese mismo 29 de septiembre, el Decreto de Gabinete N° 12, publicado en la misma Gaceta, autorizó al MEF a contratar los servicios jurídicos para el caso (artículo 1) y encargó a su Oficina de Arbitraje de Inversiones los pasos previos y el seguimiento del proceso (artículo 2). Sus considerandos recuerdan que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional, por sentencia del 29 de enero de 2026, la Ley 5 de 1997, que aprobó la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, y también su prórroga. La CCI notificó la solicitud de arbitraje el 11 de febrero de 2026. La empresa está representada por Paul Hastings LLP y Morgan & Morgan.
Para las finanzas públicas, la cifra es el costo previsto de la defensa, no el de un eventual laudo. Los considerandos advierten del efecto que un laudo adverso tendría sobre las finanzas del país, aunque ninguno de los dos documentos indica cuánto reclama la empresa.
La resolución rige desde su promulgación, pero solo autoriza una contratación que aún debe formalizarse: los textos publicados no acreditan que el contrato se haya firmado ni que se haya pagado. Nexo Capital dará seguimiento a la firma del contrato y al avance del arbitraje.
Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai