El 5 de abril de 2011 la Asamblea Nacional aprobó la Ley 32, que estableció un régimen especial, integral y simplificado para el establecimiento y operación de zonas francas en Panamá. La norma sustituyó el esquema vigente desde 1992: derogó la Ley 25 del 30 de noviembre de 1992, que regulaba las zonas procesadoras para la exportación, y también derogó el Decreto Ejecutivo 28 de 1993 que la reglamentaba, el Decreto Ley 3 de 1997 que le había adicionado un artículo, y la Ley 8 de 1981 que había derogado la anterior ley de zonas francas de 1976. Así, la Ley 32 barrió con una capa de cuatro normas que se habían ido apilando sobre el concepto desde los años ochenta.

El Ministerio de Comercio e Industrias reglamentó la nueva ley con celeridad. El primer decreto ejecutivo, el 175 de julio de 2011, desarrolló el artículo 70 sobre el funcionamiento de las zonas. En febrero de 2012, el Decreto Ejecutivo 26 reglamentó específicamente el movimiento comercial de las empresas sujetas al régimen de zonas francas. La tercera reglamentación general llegó en abril de 2017 con el Decreto Ejecutivo 62, que sustituyó a las dos anteriores y es el texto reglamentario principal hoy vigente.

La primera reforma legislativa directa provino de un ámbito distinto al comercio: la Ley 125 del 31 de diciembre de 2013 modificó y adicionó artículos a la Ley 32 en el contexto de la administración de aeropuertos y aeródromos. Al mismo tiempo, esa ley derogó artículos del Decreto Ley 1 de 2008, con lo que la red de normas del sector logístico y de zonas especiales quedó más articulada. En 2017 llegó una reforma de otro corte: la Ley 66 del 17 de octubre de 2017, que modificó el Código Fiscal en materia de impuesto de inmuebles, también adicionó y modificó artículos de la Ley 32, ajustando el tratamiento tributario de los bienes inmuebles dentro de las zonas francas.

Otro frente de modificación fue el tributario general. La Ley 337 de noviembre de 2022, que creó acuerdos de pago extraordinarios en materia de recaudación y modificó el Código de Procedimiento Tributario, también introdujo cambios en la Ley 32. Más atrás en el tiempo, en 2018 la Ley 52 derogó las disposiciones de la Ley 32 relativas a centros de llamadas (call centers), que pasaron a regirse por su propia ley. Estas capas muestran que la Ley 32, aunque nació como un cuerpo integral, fue siendo ajustada sectorialmente según las prioridades de cada legislatura.

Un elemento relevante del diseño original es que los numerales 1 al 5 del artículo 32 de la ley —los de mayor impacto fiscal— entraron en vigor el 1 de enero de 2016, cinco años después de la promulgación. Ese diferimiento fue una concesión a los operadores que necesitaban tiempo para adaptar sus estructuras. La reglamentación general de 2017 (Decreto 62) se emitió precisamente cuando esas disposiciones ya habían entrado en plena vigencia, con lo que el reglamento llegó más robusto y completo.

El debate actual gira en torno a regímenes especiales que coexistirían con la Ley 32. El PL 217, que propone una zona multimodal en Almirante (Bocas del Toro) con vocación portuaria y logística, y el PL 304 de reforma de la Agencia para el Establecimiento de Empresas (ÁEEPP) en Panamá Pacífico, plantean marcos de beneficios e institucionalidad específicos que, de aprobarse, operarían en paralelo al régimen general de la Ley 32. La tensión entre la uniformidad del régimen único y los incentivos a la carta para proyectos concretos es el eje del debate legislativo en la materia.