La Asamblea Nacional tiene pendientes de primer debate dos proyectos de ley presentados el 23 de abril de 2026 por el Ministerio de Relaciones Exteriores que, de aprobarse, incorporarían a Panamá como Estado parte en los dos tratados fundacionales del sistema mundial de metrología: la Convención del Metro de 1875 y el Convenio constitutivo de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) de 1955. Ambas iniciativas, asignadas a la Comisión de Relaciones Exteriores, fueron radicadas el mismo día y comparten exposición de motivos paralela, lo que refleja una estrategia articulada de integración a la arquitectura técnica del comercio internacional.

El Proyecto de Ley 620 aprueba la Convención del Metro, firmada en París el 20 de mayo de 1875 y modificada el 6 de octubre de 1921, junto con su Reglamento Anexo. Dicho tratado creó la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (BIPM, por sus siglas en francés), con sede en París, encargada de conservar los prototipos internacionales del metro y el kilogramo, realizar comparaciones periódicas de los patrones nacionales con esos prototipos, calibrar instrumentos de precisión y coordinar el Sistema Internacional de Unidades (SI). La adhesión implica contribuciones financieras anuales calculadas según una escala basada en la población del Estado contratante, y otorga al país el derecho a participar en las Conferencias Generales de Pesas y Medidas (CGPM) y en el Comité Internacional de Pesas y Medidas (CIPM). La exposición de motivos señala que la medida busca fortalecer el rol del Centro Nacional de Metrología de Panamá (CENAMEP AIP) como institución nacional de metrología.

El Proyecto de Ley 621 aprueba el Convenio por el que se establece la OIML, firmado en París el 12 de octubre de 1955 y modificado en 1968. La OIML es el organismo internacional dedicado específicamente a la metrología legal, es decir, a la regulación de los instrumentos de medición utilizados en transacciones comerciales, control sanitario, protección del consumidor y supervisión industrial. Entre sus funciones se encuentran elaborar recomendaciones y prescripciones aplicables a instrumentos de medición, establecer proyectos de ley y reglamento modelo, y coordinar acciones con el BIPM y los organismos nacionales de metrología. La Conferencia Internacional de Metrología Legal —máximo órgano de la organización— se reúne al menos cada seis años; sus decisiones requieren la presencia de al menos dos tercios de los miembros y cuatro quintos de los votos emitidos.

Un aspecto central de la motivación del Proyecto 621 es que Panamá ostenta actualmente la categoría de Miembro Correspondiente en la OIML, condición que limita su participación a observadores con voz consultiva y excluye al país de los procesos de votación y de los Comités Técnicos donde se elaboran los documentos normativos internacionales. La ratificación del Convenio elevaría al país a la categoría de Miembro Pleno, con representación de hasta tres delegados oficiales en la Conferencia —uno de ellos con derecho a voto— y acceso directo a los trabajos técnicos. La exposición de motivos identifica como beneficiarias directas a instituciones reguladoras nacionales como la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), entre otras. El CENAMEP AIP asumiría los costos de la membresía plena.

Ambos proyectos se encuentran pendientes de primer debate ante la Comisión de Relaciones Exteriores y deben atravesar dos debates adicionales en el pleno para convertirse en ley. La exposición de motivos de cada uno subraya que la adhesión formal a estos instrumentos apuntaría a consolidar la infraestructura nacional de calidad, mejorar la trazabilidad y comparabilidad de las mediciones, y facilitar el comercio internacional de bienes y servicios mediante el alineamiento con estándares técnicos reconocidos mundialmente.