El 19 de agosto de 2025, el diputado Roberto José Federico Zúñiga Alvarado presentó ante el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, el Anteproyecto de Ley N° 141, que luego fue designado Proyecto de Ley N° 385. Lo coproponieron once diputados adicionales: Eduardo Alejandro Gaitán Beitía, Janine Prado Castaño, Jorge Isaac Bloise Iglesias, Yamireliz Daymirelkis Chong Smith, Miguel Ángel Campos Lima, Carlos Eduardo Saldaña López, Manuel Alberto Samaniego Rodríguez, Alexandra María Brenes Samaniego, Lenín Alberto Ulate Rodríguez, Augusto Efraín Palacios Muñoz y Patsy Cristina Lee Rentería de Huang. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos, presidida por el diputado Ernesto Cedeño Alvarado, lo prohijó el 16 de septiembre de 2025.

El artículo 1 del proyecto define el objetivo central: impulsar el desarrollo turístico integral, descentralizado y sostenible en comunidades con alto valor histórico, cultural, natural y social a lo largo del territorio nacional, fundamentado en la conservación del patrimonio y el fortalecimiento de la identidad nacional. El texto crea, mediante el artículo 3, el Programa Nacional de Desarrollo Turístico y Patrimonial denominado Paraísos del Istmo, que identificará, certificará, fortalecerá y promocionará comunidades, reconociéndolas como destinos turísticos integrales. La Autoridad de Turismo de Panamá administrará el programa, desarrollará una marca oficial con su logotipo —propiedad del Estado panameño conforme al artículo 7— y otorgará certificaciones mediante resolución administrativa.

La exposición de motivos cita datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo: en 2024 el turismo representó el 3,5% del PIB y generó más de 236 mil empleos directos e indirectos, el 11% del mercado laboral. A su vez, el Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó más de 10 millones de pasajeros en 2024, con un crecimiento del 7%, aunque el 72% son pasajeros de conexión. La iniciativa apunta precisamente a convertir ese tránsito en estadías que beneficien comunidades del interior. El modelo de referencia, detallado en la exposición de motivos, es el programa mexicano Pueblos Mágicos, que pasó de 32 comunidades en 2001 a 177 en 2023 y hoy aporta el 8,6% del PIB turístico de México.

El procedimiento de certificación, regulado por los artículos 10 al 14, exige a los alcaldes presentar ante la Autoridad de Turismo un expediente que incluye inventario de atractivos, plan de desarrollo turístico local, diagnóstico socioeconómico, planes de conservación del patrimonio material e inmaterial, estrategias de profesionalización del capital humano y propuesta cartografiada del polígono turístico. La Autoridad dispondrá de 60 días calendario para verificar el cumplimiento técnico y documental, tras lo cual otorgará la certificación con una vigencia inicial de cinco años, renovable. Las causales de revocatoria van desde el deterioro del patrimonio hasta la falsedad en los informes anuales.

El financiamiento del programa, establecido en el artículo 20, combina tres fuentes: el 5% de los fondos de descentralización que reciben los municipios del Presupuesto General del Estado, destinados al programa en sus respectivas circunscripciones y transferidos a la Autoridad de Turismo; el 1,5% del presupuesto de inversión de la propia Autoridad; e ingresos propios de los municipios derivados de tasas, licencias y servicios asociados a la operación del destino. El Órgano Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de seis meses tras su promulgación y elaborar el Plan Estratégico Nacional dentro del mismo plazo.

La trayectoria legislativa fue la siguiente: Primer Debate aprobado el 20 de enero de 2026; Segundo Debate aprobado el 28 de abril de 2026; Tercer Debate aprobado el 30 de abril de 2026; enviado al Órgano Ejecutivo el 8 de mayo de 2026. Con 55 páginas y 32 artículos, el proyecto alcanzó el trámite final en menos de nueve meses desde su presentación, una velocidad inusual para una iniciativa de esta envergadura. La promulgación convertiría a Panamá en el primer país centroamericano con un programa nacional de certificación patrimonial análogo a los Pueblos Mágicos de México o al Pueblo Patrimonio de Colombia.