La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional aprobó el 28 de octubre de 2026, en primer debate, el Proyecto de Ley 212, titulado «Que adopta medidas para subsanar y responsabilizar los procesos de construcción de las promotoras y constructoras, y dicta otras disposiciones». La iniciativa fue presentada el 10 de febrero de 2025 por el diputado Lenín Ulate junto con los diputados Alexandra Brenes, Luis Duke, Yuzaida Marín, Jhonathan Vega, Manuel Samaniego, Yamireliz Chong, Roberto Zúñiga, Jorge González, Walkiria Chandler, José Pérez Barboni, Gertrudis Rodríguez, Miguel Ángel Campos, Augusto Palacios y Eduardo Gaitán. Según el resumen oficial de la sesión, la comisión aprobó el informe de subcomisión, votó el articulado con modificaciones, eliminó los artículos 9 y 11, cambió el título y envió el proyecto a segundo debate.

En el texto prohijado en febrero de 2025, el artículo 4 prohíbe a los municipios, al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) y al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) otorgar permisos de construcción cuando no existan condiciones de agua y electricidad durante las 24 horas, vías de acceso, alcantarillado, educación y salud. El artículo 5 obliga a esas entidades a verificar cada tres meses que la obra se ajuste a los planos, y el artículo 6 exige a promotoras y constructoras entregar servidumbres, parques, tanques de reserva y plantas de tratamiento, con un plazo máximo de dos años para el traspaso.

El artículo 7 impide disolver las sociedades del proyecto durante diez años, contados desde la venta o entrega de la última vivienda. El artículo 8 modifica el artículo 1343 del Código Civil para extender a la promotora la responsabilidad de diez años por ruina que hoy recae en el contratista. El artículo 10 propone prisión de 5 a 7 años para el servidor público que autorice obras en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos sin verificar las medidas de mitigación exigidas.

Para los compradores de vivienda, la propuesta busca que exista un responsable identificable cuando aparecen vicios de construcción. Para las promotoras, podría implicar mantener sus estructuras societarias durante más tiempo y enfrentar permisos más exigentes antes de iniciar obras. El texto aprobado en comisión todavía no está publicado, por lo que el alcance final de estos artículos podría variar respecto de la versión original.

El proyecto debe superar el segundo y el tercer debate en el pleno y recibir la sanción del Ejecutivo. Nexo Capital dará seguimiento al texto que llegue al pleno.

Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai