La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional aprobó el 28 de octubre de 2026, en primer debate y con modificaciones, el Proyecto de Ley 716, que crea el Programa Nacional de Lotes Servidos de Interés Social, y autorizó su pase a segundo debate. La diputada Graciela Hernández, del circuito 8-4, presentó la iniciativa el 5 de agosto de 2026 como Anteproyecto de Ley 114, y la comisión la prohijó el 9 de septiembre.

Su artículo 1 fija como objetivo facilitar el acceso legal al suelo para la vivienda principal de las familias de menores ingresos, promover un desarrollo urbano ordenado y contribuir a prevenir las ocupaciones ilegales de tierras. El artículo 2 encarga el programa al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), que planificará, habilitará y venderá terrenos aptos para uso residencial. El artículo 3 crea un Banco de Lotes Servidos con terrenos estatales o que puedan incorporarse legalmente, y el artículo 4 exige que cada lote cuente con calles internas, acceso a vías públicas, agua potable, electricidad y sistemas sanitario y pluvial.

El artículo 5 define como beneficiarias a las personas o familias panameñas que no sean propietarias de vivienda, que cumplan requisitos socioeconómicos y que no apliquen a los programas de vivienda de interés social. El artículo 6 permite vender los lotes a precio de interés social, con pagos a plazos y convenios con entidades financieras públicas o privadas. El artículo 7 prohíbe vender, ceder o traspasar el lote durante el plazo que fije la reglamentación, y el artículo 9 ordena un diagnóstico periódico de la demanda por provincia, distrito y corregimiento.

El programa apunta a familias que hoy quedan fuera de los subsidios habitacionales y que podrían construir por etapas sobre un terreno con título y servicios. Para bancos y cooperativas, los convenios del artículo 6 podrían abrir una línea de crédito para la compra de lotes; para empresas de urbanización y proveedores de materiales, la habilitación de terrenos podría generar demanda, aunque el texto no regula cómo se contratarán esas obras.

El efecto depende de varios pasos. El proyecto debe superar el segundo y el tercer debate y recibir la sanción del Ejecutivo; el artículo 10 da 180 días para reglamentarlo, y el artículo 6 condiciona el financiamiento a la disponibilidad presupuestaria. Las modificaciones aprobadas en comisión aún no se han publicado. Nexo Capital dará seguimiento a su discusión en el pleno.

Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai