El Órgano Ejecutivo sancionó el 18 de marzo de 2025 el Proyecto de Ley 163, que se convierte en la reforma estructural más extensa de la Caja de Seguro Social desde la Ley 51 de 2005. El texto, elaborado por el Ministerio de Salud bajo la dirección del ministro Fernando Boyd Galindo y autorizado mediante la Resolución de Gabinete No. 104 del 6 de noviembre de 2024, fue presentado a la Asamblea Nacional el mismo día. La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social lo aprobó en primer debate el 7 de febrero de 2025, en segundo debate el 10 de marzo y en tercer debate el 13 de marzo de 2025, antes de ser remitido al Ejecutivo el 14 de marzo.

El eje financiero de la reforma descansa en tres pilares. Primero, un incremento de tres puntos porcentuales en la cuota patronal —tanto pública como privada— sin modificar el aporte de los trabajadores. Segundo, una aportación estatal adicional de alrededor de 1.185 millones de balboas anuales, proveniente del presupuesto general del Estado, para garantizar la sostenibilidad del Fondo Único Solidario. Tercero, una reglamentación más flexible de la administración de reservas destinada a aumentar rendimientos. La exposición de motivos advierte que, sin reforma, para 2029 el sistema solo podría pagar menos de la mitad de las pensiones vigentes.

En materia de prestaciones, la ley introduce la Pensión Garantizada Solidaria como el valor mínimo de retiro por vejez para todo asegurado del Subsistema Mixto que alcance la edad de referencia del Componente Solidario. El artículo 23 de la norma —en la nomenclatura del glosario del artículo 1— establece que ningún pensionado de ese subsistema recibirá un monto inferior al 40 % del salario de referencia correspondiente. Se crea también la Pensión Básica Universal no contributiva, inicialmente fijada en 144 balboas mensuales para los mayores de 65 años que no logren cotizar a la CSS, sustituyendo el programa anterior de 120 balboas. Las pensiones serán actualizadas periódicamente conforme al costo de la vida.

La reforma incrementa la edad de retiro en tres años para hombres y mujeres por igual, justificando el ajuste en que la esperanza de vida de la población panameña aumentó seis años en las últimas décadas. No obstante, los cotizantes a quienes les falte siete años o menos para jubilarse quedan expresamente excluidos de los nuevos parámetros: continúan con las condiciones vigentes de la Ley 51 de 2005. Los que estén a más de siete años de la jubilación ingresan al nuevo régimen del Subsistema Mixto reformado, basado en capitalización solidaria con cuenta de ahorro personal.

El impacto actuarial sobre las reservas de la CSS constituye la variable de seguimiento más crítica del período post-promulgación. El texto de 526 páginas modifica artículos desde el glosario (artículo 1) hasta las disposiciones sobre coactiva y cotizaciones, introduciendo conceptos como Capitalización Solidaria, Pensión de Beneficio Solidario y Sistema Compuesto. La garantía explícita de no privatización de la institución —recogida en el artículo 2 reformado— responde directamente al contexto de las protestas sociales de 2023. El seguimiento legislativo registra la ley en la etapa definitiva desde el 18 de marzo de 2025.