El 22 de enero de 2025, el diputado Benisio Enacio Robinson González del Circuito 1-1 y diecinueve coproponentes —que incluyen a los honorables Eduardo Abdiel Núñez, Raphael Buchanan Joseph, Arquesio Arias Félix, Luis Eduardo Camacho Castro, Isaac Mosquera Rivas, Berta Nidia Moreno Flores, Nixson Andrade Rodríguez, Gertrudis Rodríguez de Gracia, Carlos Agustín Afú Decerega, Joana Yamileth Cedeño Pino, Nicolás Adames Arias, Ariana Marisín Coba Martínez, Francisco Javier Brea Tristán, Edwin Antonio Vergara Castillo, Sara J. Magallón Caicedo de Ruiz, Gabriel Andrés Solís Arias, Jaime Edgardo Vargas Centella, Eduardo Enrique Vásquez Gutiérrez y Luis Miguel Charris Ábrego— presentaron ante la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda, el Anteproyecto de Ley N° 300, asignado luego como Proyecto de Ley N° 217, que establece la Ley del Área Económica Multimodal Almirante.

El artículo 1 del texto, de 131 páginas, define como objetivo central crear un régimen legal, fiscal, aduanero, laboral, migratorio y de negocios multimodal para el distrito de Almirante, provincia de Bocas del Toro, que garantice el flujo libre de pasajeros, bienes, servicios y capitales y que reactive de forma masiva el Aeropuerto de Changuinola Capitán Manuel Niño como terminal aérea. El Puerto de Almirante sería habilitado como centro de trasbordo de mercancía y pasajeros, nodo complementario a la actividad bananera y turística del archipiélago. El artículo 4 crea la Agencia del Área Económica Multimodal Almirante, entidad autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeta a la orientación del Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de la Presidencia y a la fiscalización de la Contraloría General.

El patrimonio inicial de la Agencia incluye las instalaciones aeroportuarias de Changuinola y los 95 kilómetros cuadrados de superficie terrestre que delimitan el distrito de Almirante, según el artículo 7. La Junta Directiva, regulada por el artículo 18, estará compuesta por siete miembros: dos designados por el Ejecutivo, dos representantes de las empresas del área elegidos con propuesta de la Gobernación de Bocas del Toro y los concejales del distrito, un director del sector empresarial bocatoreño, un representante del sector laboral y el diputado del Circuito 1-1. Los directores recibirán una dieta de B/. 750.00 por sesión, incrementada un 30% por la distancia de la región, conforme al artículo 20.

La estructura orgánica contempla cinco direcciones especializadas —Asuntos de Trabajo, Migración y Seguridad Social; Asuntos Aduaneros y Recaudación; Asuntos de Planificación, Desarrollo y Ambiente; Asistencia a los Inversionistas; y Operaciones Aeroportuarias y Portuarias—, lo que refleja el carácter integral de un régimen que aspira a reordenar territorialmente un área con más de 30.000 habitantes. Los superávits operativos de la Agencia se distribuirían así: 60% al Fondo Fiduciario para el Desarrollo, 20% al Ministerio de Trabajo para capacitación en Bocas del Toro y 20% al Fondo para la Asistencia Educativa del Área, según el artículo 8.

La iniciativa fue prohijada por la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos el 20 de febrero de 2025 y lleva desde el 25 de marzo de ese año en espera del Primer Debate, sin que figure aún una fecha programada. Los críticos señalan que el proyecto carece del soporte de infraestructura vial y energética que requeriría una zona de este tipo, contrastando su situación con la del ÁEEPP: mientras Panamá-Pacífico opera sobre terrenos de la antigua Base Howard con acceso a la Autopista Arraiján-La Chorrera, Almirante sólo cuenta con la carretera Chiriquí Grande-Almirante, frecuentemente afectada por deslizamientos. La amplitud del proyecto —131 páginas con régimen de concesiones por hasta 40 años prorrogables otros 40, según el artículo 15— y el peso político de sus 20 patrocinadores mantendrán la propuesta como uno de los expedientes de mayor envergadura en la agenda comercial del período legislativo 2024-2029.

Para sus proponentes, la iniciativa responde al reclamo histórico de una provincia que ha permanecido, según la propia exposición de motivos, abandonada a su suerte por más de 100 años, y enfrenta altos índices de desempleo, con una economía concentrada en la producción bananera y el turismo ecológico. La aprobación del proyecto dependerá en buena medida de los compromisos de inversión pública en infraestructura que el Ejecutivo esté dispuesto a asumir como condición de viabilidad del modelo.