El Anteproyecto de Ley 218, presentado el 21 de octubre de 2026 por el diputado Gertrudis Rodríguez de Gracia (circuito 12-3), propone un procedimiento de contratación excepcional para construir de forma inmediata aulas escolares en áreas de difícil acceso, áreas comarcales y regiones rurales con pobreza multidimensional. Se encuentra en etapa preliminar, pendiente de prohijamiento, y fue remitido a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes.

Su artículo 1 fija como objeto erradicar las aulas tipo rancho, construcciones improvisadas que no cumplen estándares mínimos de seguridad, salubridad ni accesibilidad. El artículo 5 adiciona los numerales 12, 13 y 14 al artículo 79 del Texto Único de la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública: el numeral 12 habilita la contratación excepcional cuando se trate de aulas en áreas con Índice de Pobreza Multidimensional igual o superior al 30 %, previa declaratoria técnica del Ministerio de Educación; el numeral 14 permite una sola contratación plurianual por lotes para atender varias escuelas a la vez. El artículo 6 define el procedimiento: informe técnico fundado, resolución de prioridad educativa publicada en el sistema PanamaCompra, estudio de mercado en un máximo de diez días hábiles e invitación a por lo menos tres proponentes inscritos, o menos si se deja constancia.

El artículo 3 delimita los beneficiarios: estudiantes y comunidades de las comarcas Guna Yala, Emberá Wounaan, Ngäbe Buglé y demás territorios con conectividad limitada, donde las cifras de pobreza superan con amplitud el promedio nacional. Para el sector privado, el procedimiento abreviado abre un canal concreto de contratación pública para empresas constructoras y proveedores con capacidad técnica y solvencia demostrables, con un precio estándar por aula y pliegos homogéneos. La exposición de motivos proyecta, en un horizonte de cinco años, construir al menos 1,200 aulas nuevas y beneficiar a más de 60,000 estudiantes, cifras que dependerían de la aprobación y del presupuesto.

Como anteproyecto en etapa preliminar, requiere prohijamiento y tres debates antes de ser ley. Su aplicación quedaría sujeta a la declaratoria técnica del Ministerio de Educación, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gabinete Social. El artículo 11 contempla el presupuesto educativo, FECE, cooperación y donaciones, entre otras fuentes de financiamiento. En territorios comarcales, el artículo 6 exige un plan de consulta previa con las autoridades tradicionales. Nexo Capital dará seguimiento al trámite del Anteproyecto 218.

Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai