domingo, 22 de noviembre de 2026Ciudad de Panamá

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La Corte no admite el amparo de un resort que invocó la protección de datos ante pruebas de oficio

El Pleno confirmó la no admisión del amparo contra un auto laboral que pidió datos bancarios de trabajadores; consideró que el reclamo era un debate de legalidad.

Fachada del Órgano Judicial con un expediente atado con cinta roja y un sobre con candado en primer plano.
Imagen ilustrativa generada con IA.
Por Redacción Nexo Capital · Mesa Editorial

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó, en fallo de 16 de septiembre de 2026 con ponencia del magistrado Carlos E. Villalobos Jaén, la resolución del Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que no admitió el amparo de garantías constitucionales de Summit Golf & Resort, S.A. La acción se dirigía contra el Auto para Mejor Proveer N° 66 de 12 de febrero de 2026 del Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección. El expediente es la Entrada 80625-2026 y la decisión quedó ejecutoriada el 29 de octubre de 2026.

La empresa alegó que el juez ordenó pruebas de oficio después de la audiencia y que pidió datos de cuentas bancarias de colaboradores y excolaboradores. Sostuvo que eso violaba el debido proceso y el derecho a la protección de datos personales reconocido en el artículo 42 de la Constitución, la Ley 81 de 2019 y su reglamento, y que el tribunal de primera instancia no había examinado ese segundo cargo.

El Pleno respondió que la empresa se limitó a transcribir disposiciones de la Ley 81 sin explicar por qué la autoridad judicial carecía de facultades para requerir esa información ni cómo la orden excedía sus atribuciones. Recordó que las pruebas decretadas de oficio son una manifestación de la potestad jurisdiccional para esclarecer los hechos. Añadió que la discrepancia sobre su necesidad o alcance es un debate de legalidad que corresponde a los mecanismos procesales ordinarios, salvo arbitrariedad manifiesta o afectación directa de derechos fundamentales, que no encontró en este caso.

Para empleadores y oficiales de cumplimiento, el fallo sugiere que invocar la Ley 81 no basta, por sí solo, para frenar por la vía del amparo un requerimiento judicial de datos de personal. La Corte no decidió si el tratamiento de esos datos es correcto según la ley de protección de datos; confirmó la inadmisión de la acción por defectos en su planteamiento. Los argumentos sobre la pertinencia de la prueba deberán ventilarse dentro del proceso laboral, con los recursos ordinarios.

El caso deja abierta la cuestión de cómo se protegerán los datos de terceros ajenos a un litigio una vez entregados al juzgado, un punto que este fallo no resolvió. Nexo Capital dará seguimiento a los fallos que interpreten la Ley 81 frente a requerimientos judiciales.

Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai

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