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La Corte avala que las gobernaciones no revisen lanzamientos resueltos por la justicia comunitaria

El Pleno confirmó que no se concede el amparo de Kerdin Ocean Corp. contra la Gobernación de Panamá, que rechazó de plano un recurso extraordinario en un lanzamiento por intruso.

Sede del Órgano Judicial con el escudo nacional y, en primer plano, un llavero antiguo junto a un mazo de madera.
Imagen ilustrativa generada con IA.
Por Redacción Nexo Capital · Mesa Editorial · 21 de noviembre de 2026, 17:31

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión del Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que no concedió el amparo de garantías constitucionales de Kerdin Ocean Corp. contra la Resolución R.A.-003-2025 de 27 de noviembre de 2025 de la Gobernación de la Provincia de Panamá. El fallo es de 29 de septiembre de 2026 (entrada 80619-2026) y quedó ejecutoriado el 30 de octubre.

El caso nace de un proceso ejecutivo hipotecario promovido por Banco Universal, hoy Canal Bank, S.A., y de un lanzamiento por intruso que la Casa de Justicia Comunitaria de Paz del corregimiento de San Francisco ordenó en 2021 y que la Comisión de Ejecución y Apelación confirmó en 2022, con el desalojo ya cumplido. La sociedad acudió después a la Gobernación con un recurso extraordinario de revisión administrativa, apoyado en una certificación del Registro Público según la cual el banco no era el titular de la finca cuando demandó. La Gobernación lo rechazó de plano.

La Corte explica que el artículo 39 de la Ley 16 de 2016 fue subrogado por el artículo 44 de la Ley 467 de 2025, que conserva la regla de que la decisión de la Comisión de Apelaciones es definitiva e irrecurrible. Por ello descarta una aplicación retroactiva de la ley o una violación del debido proceso del artículo 32 de la Constitución. Añade que decidir si la Gobernación debía examinar la causal de prueba sobreviniente del artículo 166 de la Ley 38 de 2000 es un asunto de legalidad ordinaria, ajeno al amparo.

Para bancos, propietarios e inversionistas inmobiliarios, el fallo refuerza la firmeza de los lanzamientos por intruso tramitados ante la justicia comunitaria de paz: agotada la apelación, la revisión ante el gobernador no sirve para reabrirlos. Para ocupantes y demandados, la lectura es la inversa: los documentos registrales tendrían que aportarse en el proceso original, porque después el margen de corrección en sede administrativa se reduce y el amparo no permite discutir la prueba.

El fallo no se pronuncia sobre la titularidad de la finca ni sobre otras vías judiciales que la sociedad pudiera intentar. Nexo Capital dará seguimiento a la jurisprudencia sobre la Ley 467 de 2025 y la justicia comunitaria de paz.

Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai

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