La Corte no admite la demanda que cuestionaba la dependencia de los juzgados tributarios
El Pleno consideró insuficiente el concepto de infracción contra tres frases de los artículos 316 y 320 de la Ley 76 de 2019; la primera instancia de los recursos sigue dentro de la Dirección General de Ingresos.

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda de inconstitucionalidad contra tres frases de la Ley 76 de 13 de febrero de 2019, que aprueba el Código de Procedimiento Tributario. La resolución, de 14 de agosto de 2026 y con ponencia de la magistrada Ariadne Maribel García Angulo, quedó ejecutoriada el 10 de septiembre de 2026. La acción había sido presentada por un abogado en su propio nombre.
Las frases impugnadas son «adscritos a la dirección general de ingresos» y «mediante facultad delegada por el director general de ingresos», del numeral 1 del artículo 316, y «por el director general de ingresos», del primer párrafo del artículo 320. Según la demanda, esas expresiones colocan a los juzgados administrativos tributarios dentro de la estructura orgánica, funcional y disciplinaria de la Dirección General de Ingresos (DGI), la misma entidad cuyos actos revisan, y dejan en manos de su director la permanencia de jueces y secretarios. Esos juzgados resuelven en primera instancia los recursos de reconsideración contra actos de la DGI.
El demandante invocó los artículos 4, 17, 18, 19, 20, 32, 41, 201, 202, 210 y 215 de la Constitución y los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte concluyó que el concepto de la infracción, exigido por el numeral 2 del artículo 2560 del Código Judicial, descansaba en apreciaciones subjetivas sobre cómo deberían organizarse esos juzgados y no en un análisis de la contradicción entre las frases y la Constitución. Añadió que los artículos 201, 202 y 210 regulan el Órgano Judicial, mientras que la Ley 76 rige el sistema tributario, por lo que no guardan congruencia con las frases acusadas.
Para los contribuyentes, la consecuencia práctica es que el esquema vigente se mantiene: quien impugna un acto de la DGI presenta primero su reconsideración ante juzgados adscritos a esa dirección; después puede apelar ante el Tribunal Administrativo Tributario y acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. La demanda sostenía que esas vías posteriores no corrigen la falta de independencia de la primera instancia.
La inadmisión no equivale a una declaratoria de constitucionalidad. El debate sobre la independencia de los juzgados tributarios podría volver a la Corte con una demanda mejor argumentada o llegar a la Asamblea Nacional mediante una reforma al Código de Procedimiento Tributario, sin que hasta ahora conste una iniciativa en ese sentido.
Nexo Capital dará seguimiento a cualquier nueva acción o propuesta de reforma sobre la primera instancia tributaria.
Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai