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La Corte no admite demanda contra el reglamento de medidas precautorias de la Contraloría

El Pleno consideró que la acción impugnaba todo el reglamento, pero solo argumentaba contra su artículo 8; la suspensión de pagos y el secuestro de bienes siguen vigentes.

Una persona con camiseta negra de Legislat habla por teléfono frente a una sede neoclásica del Órgano Judicial; a la derecha, una caja de archivo con candado y un gato negro entre los arbustos.
Imagen ilustrativa generada con IA.
Por Redacción Nexo Capital · Mesa Editorial · 4 de noviembre de 2026, 10:39

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia no admitió la demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución N° 3126-2025-Leg/PJ de 23 de septiembre de 2025, publicada en la Gaceta Oficial N° 30376-B del 30 de septiembre de 2025. Con esa resolución, la Contraloría General de la República aprobó su Reglamento de Medidas Precautorias. La decisión, de 17 de agosto de 2026 y con ponencia de la magistrada Ariadne Maribel García Angulo, quedó ejecutoriada el 11 de septiembre de 2026; el magistrado Carlos E. Villalobos Jaén firmó con voto razonado.

El reglamento desarrolla el artículo 29 de la Ley 32 de 1984, modificado por la Ley 351 de 2022. Su artículo 2 permite a la Contraloría suspender pagos con cargo al Tesoro Nacional y salarios o asignaciones de agentes de manejo, funcionarios o personas vinculadas a una irregularidad, y decretar secuestro sobre su patrimonio. El artículo 3 extiende esas medidas a personas naturales o jurídicas vinculadas. El artículo 8 dispone que las medidas se tramitan sin audiencia del investigado, hasta la cuantía provisional del perjuicio, y que la reconsideración no suspende su ejecución; el artículo 9 ordena declinarlas al Tribunal de Cuentas inmediatamente después de adoptadas.

Los cuatro demandantes alegaron que el reglamento convierte una función de control en una jurisdiccional e invade competencias del Tribunal de Cuentas, en violación de los artículos 32, 47, 280 y 281 de la Constitución y de los artículos 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte respondió que la acción decía impugnar toda la resolución, pero sus argumentos se concentraban en el artículo 8; que no explicaba por qué esas facultades son incompatibles con la Constitución; y que la discusión sobre qué autoridad debe dictar medidas cautelares es, en buena parte, un asunto de legalidad. Añadió que el artículo 27 de la Ley 67 de 2008, citado en la demanda, usa el término «podrá» y no establece que esas medidas deban pedirse siempre al Tribunal de Cuentas.

Para contratistas, proveedores y servidores que manejan fondos públicos, la consecuencia es que el procedimiento sigue vigente: una auditoría puede derivar en la suspensión de pagos o en el secuestro de bienes, incluso de establecimientos o empresas; el artículo 7 obliga al depositario a mantener la operación. La inadmisión no resuelve el fondo, por lo que una demanda dirigida al artículo 8 y mejor sustentada podría volver a plantear la cuestión.

Nexo Capital dará seguimiento a la aplicación del reglamento y a nuevas acciones en su contra.

Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai

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