El 27 de junio de 2006 la Asamblea Nacional aprobó la Ley 22, que reguló la contratación pública y subrogó a la Ley 56 del 27 de diciembre de 1995, el texto anterior en la materia. Además de subrogar a la Ley 56, la nueva norma derogó el Decreto Ejecutivo 18 de 1996 que la reglamentaba, el Decreto Ley 4 de 2006 y el Decreto Ley 7 de 1997 que habían ajustado el régimen previo. La ley entró en vigor seis meses después de su promulgación e impuso a todas las entidades del Gobierno Central y a las sociedades en que el Estado posea el 51 % o más de las acciones la obligación de cumplir con sus principios y procedimientos de licitación, contratación directa y solicitud de precios.

El Ejecutivo reglamentó la Ley 22 con el Decreto Ejecutivo 366 del 28 de diciembre de 2006, que rigió por más de una década y fue ajustado en varias ocasiones. En 2008 el Decreto Ejecutivo 77 desarrolló específicamente el artículo 58 sobre evaluación de ofertas, modificado ese mismo año por la Ley 21. En 2018 el Decreto Ejecutivo 40 de abril sustituyó al Decreto 366 como reglamento general; fue modificado a su vez por el Decreto 329 de octubre de 2018. En septiembre de 2020, en plena pandemia, el Decreto Ejecutivo 439 reemplazó al Decreto 40 y es hoy el reglamento vigente, modificado a su vez por el Decreto 34 de agosto de 2022.

Las reformas legislativas arrancaron el mismo año de la promulgación: la Ley 35 de octubre de 2006 introdujo los primeros ajustes y la Ley 2 de enero de 2007 derogó disposiciones específicas. Entre 2008 y 2012 se acumularon seis reformas: Ley 21 de 2008 (evaluación de ofertas), Ley 41 de 2008 (reforma general), Ley 69 de 2009 (prohibición de cláusulas de equiparación), Ley 80 de 2009 (disposiciones sobre zonas costeras que tocaron el régimen de contratación), Ley 12 de 2010 (modificaciones y adiciones), y Ley 66 de 2010. La Ley 30 de 2010 introdujo cambios en el contexto de proyectos de interés nacional. En 2011, la Ley 48 amplió el texto con disposiciones adicionales.

Tres fallos de la Corte Suprema de Justicia marcaron hitos en la historia de la ley. El primero, de diciembre de 2008, declaró inconstitucional un artículo del texto original. El segundo, de abril de 2016, anuló los artículos 22 (parágrafo), 28 y 29 de la Ley 48 de 2011 —que reformaba la Ley 22— por considerarlos inconstitucionales, y declaró también inconstitucional una frase del artículo 20 de esa misma reforma. El tercero, de agosto de 2021, declaró inconstitucional el artículo 70 del Texto Único ordenado por la Ley 153 de 2020, norma que había reordenado el artículo relativo al procedimiento de impugnación de contratos. Además, en marzo de 2020 la Corte declaró inconstitucional el párrafo segundo del artículo 43 de la Ley 61 de 2017, que modificaba el artículo 60 de la Ley 22.

Las dos reformas integrales más recientes fueron la Ley 61 de septiembre de 2017 —que reestructuró partes sustanciales del texto, creó nuevas modalidades de contratación y fue luego reglamentada por el Decreto 40 de 2018— y la Ley 153 de mayo de 2020, que ordenó la expedición del Texto Único vigente y amplió las causales de contratación directa durante emergencias. La Ley 62 de 2012 incorporó compromisos del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos relativos a transparencia en contrataciones públicas. La Ley 82 de 2012 introdujo artículos sobre firma electrónica en los procedimientos de contratación. La Ley 419 de 2024 ajustó disposiciones específicas referidas a la adquisición pública de medicamentos y equipos médicos.

En 2025 la Asamblea tramita simultáneamente dos proyectos que afectan el régimen. El PL 504, conocido como Listado de Sancionados, busca crear un registro nacional de empresas y personas inhabilitadas para contratar con el Estado, cerrando vacíos que permiten que contratistas sancionados participen en nuevos procesos bajo otras denominaciones. El debate legislativo se da en un contexto en que la contratación pública representa entre el 10 y el 15 % del PIB panameño, según estimaciones de la Contraloría General de la República, lo que convierte cualquier reforma al sistema de habilitación y evaluación de oferentes en una decisión con impacto fiscal significativo.