Salud hace obligatoria en clínicas públicas y privadas su nueva guía contra la leishmaniasis
La resolución unifica criterios de vigilancia, diagnóstico, tratamiento y control del vector en todas las instalaciones de salud, adaptados a su nivel de complejidad.

El Ministerio de Salud (MINSA) publicó en la Gaceta Oficial N° 30651-A del 12 de noviembre de 2026 la Resolución N° 875 de 28 de octubre de 2026, firmada por el ministro Fernando Boyd Galindo, que aprueba la Guía para el Abordaje Integral de la Leishmaniasis en Panamá. La resolución rige desde su promulgación, según su artículo quinto.
El artículo primero incorpora la guía como anexo de la resolución, y el artículo segundo declara su observancia obligatoria en todas las instalaciones de salud públicas y privadas del país, adaptada al nivel de complejidad y a la capacidad resolutiva de cada una. La guía organiza la atención en capítulos sobre vigilancia epidemiológica, diagnóstico de laboratorio, tratamiento por tipo de enfermedad, vigilancia entomológica y control de vectores, y prevención y control de zoonosis. Incluye además formularios de notificación obligatoria de casos, brotes y defunciones.
La guía justifica la medida con datos propios. Panamá registró 1,510 casos en 2025, una tasa de 33.0 por cada 100,000 habitantes, frente a 1,281 casos en 2024. Bocas del Toro tuvo la mayor incidencia (113.1), seguida de la comarca Ngäbe Buglé, Coclé y Veraguas. Según la guía, cerca de dos tercios de los diagnósticos de los últimos seis años fueron solo clínicos y no se registraron defunciones entre 2020 y 2025.
Para clínicas, hospitales y laboratorios privados, la guía pasa de referencia técnica a estándar exigible: deberán ajustar sus protocolos de diagnóstico, tratamiento y notificación a los criterios oficiales, en la medida de su capacidad. Para las empresas con personal en zonas rurales, agrícolas o de obra en áreas endémicas, resulta de interés el apartado que la guía dedica a la protección personal con ropa, repelentes y mosquiteros, que podría orientar sus programas de salud ocupacional, aunque no les impone obligaciones directas.
El efecto depende de la ejecución. El artículo tercero encarga a la Dirección General de Salud Pública, con las regiones de salud y la Caja de Seguro Social (CSS), la difusión, la capacitación continua y la supervisión del cumplimiento. El artículo cuarto prevé revisar la guía en un plazo máximo de cinco (5) años, o antes si la situación epidemiológica lo exige. La resolución no fija sanciones específicas por incumplimiento. Nexo Capital dará seguimiento a su aplicación en las regiones de mayor incidencia.
Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai