Las familias interesadas en los centros municipales de educación inicial de San Miguelito cuentan con un marco que distingue la solicitud de ingreso de la admisión efectiva y formaliza las obligaciones del servicio. El Decreto Alcaldicio N° 015-2026, del 2 de octubre, fue publicado el 20 de octubre de 2026 en la Gaceta Oficial N° 30638-A y entró en vigor con su promulgación. Su alcance corresponde a los establecimientos administrados por la Alcaldía, tradicionalmente conocidos como COIF.

El artículo 4 establece que la preinscripción expresa interés en acceder al servicio, pero no concede por sí sola un cupo. La admisión requiere comprobar requisitos, pagos y disponibilidad, y se formaliza mediante aprobación administrativa en el Acuerdo de Política Escolar. Este instrumento debe ser suscrito por el acudiente y por la autoridad municipal competente, como constancia de las condiciones que regirán la prestación.

El decreto adopta seis formularios, entre ellos inscripción, información médica, consentimiento para emergencias, uso de fotografías y personas autorizadas para recoger al niño. El anexo desarrolla medidas de seguridad y exige mantener actualizados los contactos. Para las familias, completar esos registros facilita que el centro identifique a quién contactar y a quién puede entregar al menor, sin sustituir la revisión administrativa necesaria para el ingreso.

Los pagos deben efectuarse mediante mecanismos de recaudación autorizados por la Alcaldía y sus constancias deben incorporarse al expediente. El anexo excluye entregar efectivo al personal docente o administrativo del centro. Las obligaciones económicas se remiten al Acuerdo Municipal N° 9, del 14 de febrero de 2025. La nueva disposición organiza su aplicación dentro de la relación entre la administración y los acudientes.

El artículo 9 establece que las primeras dos tardanzas del mes no generan multa; desde la tercera corresponde una sanción de B/.5 por cada tardanza registrada en ese período. También prevé B/.27.50 por retiro antes de finalizar el año escolar, además de la mensualidad del mes correspondiente. La imposición de estas multas queda sujeta al procedimiento administrativo general y debe garantizar el derecho de defensa.

Para padres, madres y profesionales que orientan sobre servicios municipales, la consecuencia práctica es conocer qué acredita la admisión y qué obligaciones acompañan el cupo. La Alcaldía debe comunicar el calendario por sus canales institucionales; conviene confirmar allí las fechas aplicables antes de organizar una inscripción. Estas reglas no se extienden automáticamente a centros privados ni a todos los servicios de educación inicial del país.

Investigación asistida por Sentinel, con verificación editorial de fuentes oficiales. Conoce Legislat.ai